Contra adhesión Ley riesgos de trabajo

Legislatura de Río Negro
Sr. Presidente:
Pablo Victor Barreno, y Jorge Molina, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, (SI.TRA.JUR.), y Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la Provincia de Río Negro, respectivamente, ante esa Legislatura de la provincial, respetuosamente nos presentamos y decimos:
Que en el carácter invocado, venimos por el presente a solicitar a ese Cuerpo se abstenga de aprobar cualquier ley que, con modificaciones o sin ellas, adhiera a las disposiciones de la ley nacional 27348, modificatoria de la ley de riesgos del trabajo, de acuerdo a las siguientes razones.-
La citada ley nacional establece la obligatoriedad para los trabajadores cuya relación de empleo se encuentre registrada, de pasar, de modo excluyente por una instancia administrativa que crea.
Concretamente su artículo 1° dispone que “la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”.
Luego de establecer esta instancia obligatoria y excluyente, recién se habilita la instancia judicial, mediante el formato de un “recurso” contra la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional, a la Justicia Ordinaria o a la Comisión Médica Central, a opción del trabajador.
Habida cuenta de ello, el acceso a la jurisdicción por parte del trabajador accidentado resulta limitada por el procedimiento previo aludido.
Conforme lo dispuesto por el artículo 196 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, “le corresponde al Poder Judicial el ejercicio exclusivo de la función judicial”, razón por la cual por imperativo constitucional dicha función resulta indelegable a los otros poderes del Estado.
En el mismo sentido el art. 116 de la Constitución Nacional determina como facultad exclusiva y excluyente del Poder Judicial la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, de modo que cuando tal potestad se le confiere a un órgano del Poder Ejecutivo, se viola el principio republicano de división de poderes y se afecta el derecho de acudir al Juez natural en un debido proceso judicial
En tal sentido, el análisis que la ley 27348 delega en las Comisiones Médicas relativo a la determinación de la causa de las contingencias padecidas por los trabajadores, habilitando o no su reparación sistémica, constituye una función netamente jurisdiccional, que le está vedada a los órganos administrativos, sin dejar de señalar que, además, los mismos ni siquiera están integrados con profesionales del derecho, y que esa determinación del nexo causal del evento dañoso constituye uno de los temas de mayor complejidad de la ciencia jurídica.
La jurisdicción, la aptitud para decir el derecho, es un atributo exclusivo de los jueces, por lo tanto el art. 1 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos de Trabajo viola el art. 18 de la Constitución Nacional, toda vez que vulnera la garantía del debido proceso, el del derecho a ser juzgado por el Juez natural, y el del juez especializado.
En consecuencia, se tiene que la norma citada además de violentar expresas garantías constitucionales, lo hace respecto de la vigencia del derecho a la salud de sujetos cuya preferente tutela ha sido objeto de numerosos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, razón por la que la situación de vulneración de derechos de la norma citada resulta más grave aún, ya que se expresa en el sentido exactamente opuesto al imperativo mandato constitucional de que el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes (art.14bis CN).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en varios precedentes que la instancia judicial del fuero del trabajo resulta habilitada en forma directa por la propia Constitución Nacional y los tratados internacionales de DDHH que la integran, sosteniendo que dicho acceso no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa que no cumple con la garantía del Juez natural que tiene por fin asegurar la máxima imparcialidad en el juzgamiento de las personas (art. 18 de la Constitución Nacional) que se refuerza con la expresa prohibición establecida en el art. 109 de la Ley Fundamental. Así lo ha sostenido entre otros pronunciamientos del Máximo Tribunal in re “Castillo Ángel Santos c/Cerámica Alberdi S.A.”(sentencia del 7/9/2004), “Venialgo, Inocencio c/Mapfre Aconcagua A.R.T. y otros” (sentencia del 13/3/2007), “Marchetti, Néstor Gabriel c/La Caja ART S.A. s/ Ley 24557″ (sentencia del 4/10/2007) y “Obregón, Francisco Víctor c/Liberty ART S.A.” (sentencia del 17/4/2012).
En consecuencia el diseño instaurado a partir de las modificaciones impuestas a la Ley de Riesgos del Trabajo, consistente en un procedimiento administrativo con facultades jurisdiccionales, de carácter previo, obligatorio y excluyente, no brinda las garantías del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional), tanto más que no le permite al trabajador enfermo o accidentado replantear los hechos ni ofrecer pruebas, sino únicamente discutir lo actuado en aquella sede, excluyendo la demanda directa.
Lo dicho no resulta alterado por el hecho de la existencia de asistencia letrada a los trabajadores o la inclusión de secretarios letrados en las Comisiones Médicas, ya que dicha asistencia técnica en nada modifica las facultades y la naturaleza de las citadas Comisiones, máxime si además, sus pronunciamientos no son vinculantes para la decisión que se en definitiva será tomada por profesionales médicos.
A lo expuesto debe agregarse que, también como la Corte lo ha expuesto en autos “Alvarez, Maximiliano y otro c/Cencosud S.A. s/Acción de Amparo” (A.1023.XLIII) que el debido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos que reconocen, propia de todos los textos internacionales y especialmente del PIDESC (art. 2.1), sumado al principio pro homine, connatural con estos documentos, determina que el intérprete del derecho debe escoger, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana.
La Corte Interamericana por su parte tiene dicho que “… constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura, que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios” (Caso “Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo. Reparaciones y Costas”, Sentencia del 25 de noviembre de 2004, Serie C Nro. 119, párr. 143).
Como puede observarse, la norma cuya adhesión se pretende por el Poder Ejecutivo de Río Negro, resulta francamente contraria tanto a la letra de la Constitución Nacional como de la Provincial, y además colisiona fuertemente con la interpretación que se ha realizado de los tratados internacionales de DDHH incorporados al texto constitucional a través de la cláusula del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en tanto lesiona el acceso irrestricto a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso legal, derechos éstos tutelados por el art. 18 de la Constitución Nacional, además de los arts. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2.1 del PIDESC, 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por todo lo expuesto, exigimos a esa Legislatura de Río Negro, que se abstenga de aprobar normas que, como la ley 27348, promueven la pérdida de derechos, la regresividad de los mismos, y la violación de las normas Constitucionales y Convencionales que se han citado.

Justicia por Santiago: el Estado es responsable

La CTA de las/os trabajadora/es de Rio Negro convoca a las plazas de toda la provincia y a las concentraciones a realizarse en Fiske Menuco, Viedma y Bariloche, el 01 de noviembre a las 18.00 hs exigiendo por “Justicia por Santiago Maldonado”.

 

Jorge Molina

Secretario General

CTA Rio Negro

 

Comunicado CTA

COMUNICADO DE PRENSA

Para Whisky, Maldonado “estaba delinquiendo”

En medio de las elecciones del domingo, el diputado Sergio Whisky hizo declaraciones antes de sufragar en Bariloche, y habló del caso Maldonado; se refirió a la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado. “No creo que haya responsabilidad de la Gendarmería, hasta ahora lo que se ve es que fue un accidente”, dijo el diputado nacional por Cambiemos, además de agregar que la fuerza “estaba tratando de cumplir la orden del juez” de desalojar la ruta nacional 40 y agregó que Maldonado “es alguien que estaba delinquiendo”.

La CTA de las/os trabajadoras/es repudia las declaraciones del Diputado Nacional Sergio Whisky respecto de desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Este tipo de expresiones no hacen más que poner en evidencia una escasa calidad humana y una manifiesta mala intención.
Las declaraciones del Diputado buscan poner la culpa en la víctima del delito y exculpar al victimario, sus expresiones faltan a la verdad ya que la gendarmería solo tenía orden de despejar la ruta y no de ingresar a la Comunidad y reprimir salvajemente a las personas que se encontraban allí.
Parece mentira que un representante del pueblo pueda tener este tipo de posicionamiento ya que ha sido electo para velar por los derechos de todas/os las/os ciudadanas/os de la provincia y el país; deja en claro que le es imposible lograr empatía con una familia que ha perdido un hijo y pone en tela de juicio su altura moral y hombría de bien.
Por otro lado de algo podemos estar seguros, con estas expresiones el Diputado Whisky ha ingresado a un selecto grupo de dirigentes que es capaz de justificar hasta la muerte de un compatriota con tal de no perjudicar a la fuerza política a la que pertenece y la cual gobierna nuestro país.
Al diputado Wisky, no solo le ha faltado coraje para expresar dentro de su partido una voz disonante, sino que además ha dejado bien guardadas las promesas de campaña que señalaban que venían por la transparencia, la tolerancia, la concordancia y el respeto por el que pensaba diferente; con estas declaraciones irresponsables no solo justifica lo injustificable sino que además defrauda al electorado que confió en él y colabora con el entramado de versiones que complican la búsqueda de la verdad sobre este crimen de estado.
Por último le exigimos al Diputado Wisky que se retracte de sus expresiones y pida disculpas a la familia de Santiago Maldonado, a la sociedad que lo eligió para ser su representante y de una vez por todas asuma el rol para el cual fue electo, defender los derechos de todas/os los ciudadanas/os de la provincia y el país.

Por Santiago, por su Familia y por todos nosotros EXIGIMOS JUSTICIA
Jorge Molina – Sec. General CTA Río Negro
Pablo Barreno – Sec. General SITRAJUR
Juan Fuentes – Sec. General SOYEM Bariloche
Edgardo Straini – Sec. General UnTER Bariloche

 

Departamentos Las Grutas

La comisión directiva del SITRAJUR informa a todos sus afiliados que la fecha para la INSCRIPCION de los DEPARTAMENTOS de LAS GRUTAS será entre el 30/10 hasta el 13/11/16 para toda la temporada comprendida a partir del 15 diciembre/17, todo enero y febrero de 2018.

Se sortearán períodos de 5 días. Se sortearan un titular y dos suplentes.

El costo por día es de 1000 pesos o sea $ 5000 en total y el mismo será depositado por transferencia bancaria a la cuenta de la Delegación Primera, sin excepción.

Se cobrara una seña del 50% y salvo en caso de alguna urgencia, su no  no habilitara a la devolución de dicha seña.

El sorteo se realizara en la fiesta del día del empleado judicial en Viedma el 15/11/2017.

 

Viedma, 26 de Octubre de 2017

 

Charla contra la Violencia Institucional

Jornada de protesta

A la Secretaría de Trabajo

SR. LUCAS PICA

SECRETARIO DE ESTADO DE TRABAJO

SU DESPACHO

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en nombre y representación de la  Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR), a efectos de denunciar la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, mediante varias normativas que planean misiones y funciones fuera de los organismos judiciales habituales, en todo el ámbito del Ministerio Público (Fiscal y Defensa), como consecuencia de la aplicación del nuevo Código Procesal penal.

Es importante señalar, que dichas modificaciones, transcurren en plena negociación del Convenio Colectivo de Trabajo para todos los trabajadores, configurando una práctica desleal en términos de negociación colectiva.

Es por ello, que requerimos su intervención en dicho conflicto, solicitando tome intervención al respecto, requiriendo al Poder Judicial, la suspensión de los efectos de los actos administrativos que disponen las modificaciones denunciadas, a los efectos de su discusión en su ámbito natural –el paritario- con la concreta inclusión del tema para la próxima reunión paritaria general a celebrarse el 13 de noviembre en la ciudad de Viedma en la sede de esa Secretaria de Trabajo.

Sin otro particular, lo saluda atentamente

 

Pablo Victor Barreno

Sec Gral SITRAJUR

 

Comunicado CTA

La CTA de los trabajadores/as hace saber a la provincia de Río Negro que ratifica su intención de integrar El Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Comité contra la Tortura).

Consideramos de vital importancia que nuestra central de Trabajadores/as integre el organismo de prevención, en primer lugar, porque a lo largo de la historia han sido los trabajadores o sus hijos quienes ha sufrido la persecución y represión en manos de funcionarios estatales. En nuestras filas tenemos compañeros que han sufrido las políticas represivas de los años 70. Compañeros/as que hoy están desaparecidos/as, o que han sufrido detenciones ilegales solo por reclamar sus derechos.

Cabe aclarar, que reclamar los derechos laborales no se circunscribe solo a peticionar por un salario digno, sino por condiciones dignas de vida, no se trata de tratar en paritarias el porcentaje de aumento, sino de la calidad de vida de aquellxs trabajadorxs que tienen trabajo o se encuentran desocupados.

Las políticas neoliberales la sufrimos los trabajadores/as cuando nos quedamos en la calle y mirando la cara de nuestros hijos, cuando no le podemos garantizar el pan de cada día, en esos momentos la lucha es lo único que nos queda y es ahí cuando nos encontramos cara a cara con el estado represor, ya lo hemos vivido y lo estamos volviendo a vivir.

¿por qué debemos estar en el Comité contra la tortura?

Porque hemos estado, porque impulsamos y reclamamos una y otra vez por su creación.

Porque desde su creación a través de nuestros sindicatos de base, como SITRAJUR Y UNTER, le dimos la estructura presupuestaria que el estado no le dio y que otros organismos tampoco lo hicieron.

Porque todos nuestros sindicatos de base, desde sus secretarias de derechos humanos, sufren y luchan contra la violencia institucional.

Porque desde la CTA de los trabajadores/as tenemos una historia de lucha por los derechos humanos, de lucha por la libertad, por el ejercicio pleno de los derechos en todas sus expresiones.

Porque gritamos y reclamamos en las marchas por Daniel Solano,

Porque gritamos y peleamos por Atahualpa.

Porque la cárcel la llenan los pobres, porque son nuestros hijos/as los que son estigmatizados por su color de piel o por sus ropas humildes, porque nuestras madres lloran y acuden a nuestra CTA en búsqueda de consuelo cuando la policía golpea a sus niños/as, porque son nuestros docentes los que paran a la policía para que no ingrese a una escuela a cachear a los niños/as.

La CTA dentro del Comité Contra la tortura, será la mirada de cada trabajador/a rural, judicial, docente, estatal, de cada desocupado/a, la mirada de la gente que soporta día a día la fuerza represiva del estado.

Jorge Molina -Secretario General CTA Río Negro
Emiliano Sanhueza -Secretario Gremial CTA Río Negro y Secretario General CTA Regional Alto Valle Este

 

CTA reunidas

Bariloche, 3 de octubre de 2017

 

En el día de la fecha en San Carlos de Bariloche se reunieron las dos  CTA de la provincia de Río Negro, los y las secretarios/as generales de UnTER, SITRAJUR, ATE y SOYEM de Bariloche y miembros de las distintas comisiones directivas. Luego de analizar la difícil situación nacional y provincial y la preocupación por la escalada represiva, han definido el siguiente plan de acción:

  • 4 de octubre: Radio Abierta en las delegaciones de ANSES de Viedma, Roca Fiske Menuco y Bariloche para denunciar las políticas de ajuste de los gobiernos: nacional, provincial y municipales.
  • 11 de octubre: movilizaciones regionales para rechazar el ingreso de tropas extranjeras a la Patagonia, contra la extranjerización de la tierra, por la prórroga de la Ley N° 26 160 que impide el desalojo de las comunidades mapuches y para poner freno al saqueo de nuestros recursos y riquezas.
  • 9 de noviembre Jornada Provincial de lucha con movilización a Viedma:

Todos y todas los trabajadores/as nos movilizamos:

  • Por paritarias libres y salarios justos
  • Contra cualquier intento de reforma y contra la precarización laboral
  • En defensa del IPROSS
  • Contra la reforma previsional, por un sistema público, de reparto y solidario
  • Contra la criminalización de la protesta social. Por la libertad de Milagro Sala y Facundo Jones Huala y el desprocesamiento de los luchadores/as sindicales y  sociales.
  • Contra los tarifazos
  • Por la constitución del Consejo provincial del salario

Exigimos aparición con vida de Santiago Maldonado

 

Al Consejo de la Magistratura

Al Sr. Gobernador de Río Negro

Presidente el Consejo de la Magistratura Art. 204 de la C. Provincial

Alberto Weretilneck

Viedma

S/D:

 

Me dirijo a Ud en mi calidad de Secretario General del SI.TRA.JUR a los fines de peticionarle, y a través suyo al cuerpo en pleno del Consejo de la Magistratura local -art.204 de la Constitución Provincial-, que al momento de tratar el pedido de renuncia formalizado por la Procuradora General de la Provincia de Río Negro, rechace el mismo por las consideraciones que expondré.

El Gremio que represento sí entiende que la Dra. Silvia Baquero Lazcano debe cesar en su función de Procuradora General, pero ello debe ocurrir siguiendo los carriles constitucionales del Juicio Político (no está de más recordar que éstos fueron instados por el Gremio SI.TRA.JUR).

Es la impericia para conducir la Procuración General,la incapacidad para construir consensos propios de todo conductor de una oficina judicial y el ejercicio del Poder de manera abusiva y antireglamentaria en perjuicio de los trabajadores Judiciales, lo que nos lleva a reclamar el alejamiento de la Procuradora por la vía legal que le es propia: el juicio politico.

Remarcaré a ese Cuerpo que la Dra. Baquero Lazcano ha sido denunciada en dos oportunidades ante la Sala Acusadora de la Legislatura local, tramitándose en forma paralela un proceso administrativo en su contra ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y uno penal ante una Unidad Fiscal de Viedma (en éste último proceso hemos peticionado ser incluidos como Querellantes particulares).

Estas denuncias tomaron cuerpo ante la designación de parte de la Procuradora de su propio hijo en un cargo judicial que no ha concursado; y ante la quita ilegal de derechos laborales adquiridos por los trabajadores judiciales (licencias y vacaciones no gozadas). Más >