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La Cara del Ajuste
8 may
Este Miércoles 9/5 tod@s l@s Judicial@s concentramos a las 10.00 hs en Tribunales Laprida 292 (Viedma) y movilizamos a la Legislatura por una LEY DE PROTECCION DEL EMPLEO PUBLICO, que PROHIBA los DESPIDOS en el Poder Judicial y en todos los ámbitos del estado rionegrino, y que permita la reincorporación inmediata de todos los trabajadores.
Ayer le paso a Facundo, Santiago y Milton, Hoy le pasa a Fernando y a Cesar!!!!
Todos a la Calle!!! Mañana te pueden DESPEDIR a Vos!!! #juecesmillonariosvstrabajadoresdespedidos
Comunicado, Dalsasso
26 feb
Desde el SITRAJUR expresamos nuestra profunda preocupación ante las revelaciones de un testigo de identidad reservada respecto del accionar en esa causa del ex juez de Instrucción del Juzgado 20 (hoy juez de garantias) Federico Dalsasso.
El testigo en cuestión (según trascendió públicamente) confesó el hecho en el juicio que se realiza en la ciudad judicial por el denominado doble crimen de Chichinales, un hecho ocurrido en 2015. Y nó solo eso, sino que acusó a Dalsasso de “armar” su declaración para involucrar a otro imputado.
Es evidente la gravedad de la denuncia, y creemos que merece una inmedita investigación y el apartamiento preventivo del funcionario, quien tiene otras denuncias en su haber, las que parecen no haberse considerado cuando se lo nombró Juez de Garantías (cargo que hoy detenta). Entre ellas la que el SITRAJUR le efectuó por graves hechos de práctica antisindical y persecución por el ejercicio de la actividad sindical en perjuicio de nuestro Secretario Adjunto Emiliano Sanhueza. En virtud de este hecho anterior es que nos resulta verosimil la denuncia y merecedora de toda la atención de las instituciones del Estado.
Hoy, a la luz de este hecho que conocimos públicamente, exhortamos al Consejo de la Magistratura y especialmente al Poder Judicial a que tome las medidas necesarias para que Dalsasso no esté en funciones mientras se desarrolle la investigación del último hecho conocido ayer, en el marco del jucio antes mencionado, ya que de no hacerlo se estaría dejando al funcionario en un cargo en el que claramente puede dificultar cualquier investigación.
COMISION DIRECTIVA
SITRAJUR
Incertidumbre en cronograma haberes
3 ene
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) manifiesta su más profundo rechazo a la incertidumbre sobre la fecha del cronograma de haberes requiriendo una solucion definitiva al respecto, teniendo en cuenta el crónico retraso en el cobro de los salarios que hemos sufrimos los trabajadores durante los últimos 24 meses, situación que a las claras forma parte de una política discriminatoria generando trabajadores de primera y de segunda.
Durante los últimos dos años, no solo no recordamos el pago de los salarios dentro del 5to día hábil, generando innumerables perjuicios económicos y financieros, con vencimientos, moras y demás obligaciones que los trabajadores deberán cancelar fuera de término, sino que paradójicamente ante este incumplimiento patronal los trabajadores sufrimos descuentos indiscriminados como consecuencia del uso del derecho de huelga.
En ese sentido, el SITRAJUR exigirá la reapertura de la paritaria salarial para el mes de enero, teniendo proceso inflacionario que cerro en diciembre pasado y la cláusula gatillo que opera para la pauta salarial 2017 de orden del 24,92%, sumado a los reclamos para el cobro de los haberes en tiempo y forma dentro del 5to día hábil y la devolución de los descuentos discriminatorios ante el incumplimiento patronal.
03/01/2018 Comision Directiva SITRAJUR
Si hay Decreto, hay Paro
14 dic
A las 21:00 de hoy se reunió la Mesa Nacional de la CTA de los Trabajadores para evaluar los sucedido durante la jornada.
Tras la multitudinaria movilización protagonizada por numerosas organizaciones sindicales, entre las que se contaron ambas CTA, la Corriente Sindical Federal, gremios afiliados a la CGT, organizaciones de jubilados, de derechos humanos, estudiantiles y políticas, la Mesa Nacional valoró que esta movilización fue la que logró que se cayera la sesión en la Cámara de Diputados.
La imposibilidad de lograr el quórum necesario por parte del oficialismo, así como la firme repulsa que suscitó el proyecto de ley para robarle la plata a las jubiladas y jubilados, llevó al gobierno a desatar una feroz represión en las calles tras militarizar -como nunca antes había ocurrido- las inmediaciones del Congreso.
En este marco, y dados los trascendidos periodísticos que han dado cuenta de que el gobierno se aprestaría a imponer el robo a los jubilados mediante un decreto de necesidad y urgencia, esta Mesa Nacional ha resuelto declararse en estado de alerta y sesión permanente para, llegado el caso del DNU, convocar de inmediato a un paro nacional con movilización. Asimismo, ha dispuesto extremar los esfuerzos para articular una acción unitaria y mancomunada entre todas las organizaciones que se han movilizado en estas jornadas y, de este modo, disponerse para convocar de conjunto a una nueva marcha hacia el Congreso de la Nación para cuando el oficialismo intente aprobar su proyecto de robo a los jubilados.
La CTA de los Trabajadores exige, por último, la inmediata libertad de todas las compañeras y compañeros detenidos y hace responsables al Presidente de la Nación y a su ministra de Seguridad por la integridad física de quienes, democrática y pacíficamente, nos oponemos y nos opondremos a sus políticas brutales de ajuste y represión.
Carlos Girotti Hugo Yasky
Comunicado Consejo asesor
23 nov
Los representantes de los sindicatos abajo firmantes integrantes del consejo asesor del I.Pro.S.S. manifiestan su más profundo rechazo a la iniciativa legislativa que pretende incluir un representante gubernamental del sector policial a la junta de administración de la obra social, teniendo como único objetivo obtener mayorías automáticas para implementar el eventual plan de ajuste contra los trabajadores en la misma. No llama poderosamente la atención que las autoridades legislativas, no convocaran formalmente a los representantes de los trabajadores y entre gallos y medianoche modifiquen la representación de las autoridades, en vez de preocuparse por lo que lealmente importa, la salud de los afiliados, el evidente deterioro de nuestra obra social y el destino incierto de los fondos de los trabajadores. Cabe destacar que no solo se esta incumpliendo la ley que fue aprobado con consenso en el año. 2007, en donde el argumento principal fue la representación democrática de las organizaciones sindicales como representantes de los trabajadores que son los verdaderos dueños de la obra social, sino que se impondría un vocal elegido por el jefe de la policía, que indefectiblemente será funcional al gobierno. Los trabajadores, reivindicamos el funcionamiento del consejo asesor, donde mas allá de pertenecer a diferentes sectores hemos llegado a acuerdos que permitieron trasladar la palabras de los trabajadores y trabajadores a la junta de administración. En ese sentido, reclamamos fuertemente que de haber una modificación, son los trabajadores los que deben debatir cuales son los cambios, y en todo caso deberían tener la representación todos los sindicatos que la componen tanto así como compañeros representantes del sector pasivo. Finalizando, no nos cabe duda, que esta acción concreta, con nula participación de los trabajadores y sus representantes, tiene además como objetivo desconocer la democracia de la institución, como así también generar el espacio para modificaciones contraria a los intereses de los afiliados. Hemos acordado también en la necesidad de solicitar de manera urgente una audiencia al Vice Gobernador Prof. Pedro Pesatti previo a la reunión de labor par Atado. Viedma, 23 de noviembre de 2017
No a la Reforma Laboral
23 nov
El gremio Judicial Rionegrino se manifestó contrario a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri. Al respecto señalaron que: “Desde el SITRAJUR expresamos total repudio al intento de flexibilizar las relaciones de trabajo ya que implica un retroceso atroz a relaciones de semi esclavitud. El borrador que se conoció de reforma laboral es en su totalidad un golpe brutal para la clase trabajadora que retrotraería las relaciones laborales a las que se daban a fines del siglo 19 y principios del siglo 20”. Continuaron con una sintesis de los puntos salientes de la reforma planteada, la que detallaron en cuatro puntos:
“1.-Se elimina la jornada limitada, ya que permite a empleadores modificar la jornada pidiendo colaboración al trabajador que deberá quedarse hasta diez horas trabajando. Parece que los y las trabajadoras no tiene derecho a tener vida ni familia por cuanto practicamente queda su vida a disposición de sus empleadores.”
“2.-Se rompe con una regla fundamental que es orden publico laboral, que es reconocer como la parte débil de la relación al trabajador, cuando habilita a que individualmente este pueda renunciar a derechos, lo que es claramente inconstitucional e inhumano. Si con la actual legislación los trabajadores resignan derechos, la posibilidad de que estos sean renunciados individualmente implica lisa y llanamente su eliminación y negación.”
“3.-No hay protección contra el despido. El trabajador despedido no recibirá por parte del empleador una indemnización para el despido incausado tal como es hoy, sino que esta se reemplaza por un fondo que el propio trabajador conforma, lo que es dar carta blanca a las patronales para despedir indiscriminadamente ya que al no afectar su patrimonio, el despido disciplinador será moneda corriente. Con el agravante de que además no se garantiza que el fondo cubra totalmente lo que corresponda como indemnización.”
“4.-Se eliminan las diversas multas en favor del trabajador para los casos de no estar registrado o registrado deficientemente. Se crea un sistema de moratoria o quita para que el empleador registre una relación de trabajo, sin que ello importe completar los aportes para el trabajador por el período en que trabajó sin aportes. Esto es un desfinanciamiento del sistema jubilatorio y de la seguridad social que va a afectar inmediatamente a los actuales jubilados y se agravará para los futuros trabajadores pasivos.”
Terminaron resaltando que esta reforma a la Brasilera, encontrará mas temprano que tarde, a todos los sindicatos unidos para resistirla, en defensa propia, en defensa de todos los trabajadores, caiga quien caiga y cueste lo que cueste.
VIEDMA, 13 de Noviembre de 2017
Acta paritaria Nº 11/17
23 nov
COMISIÓN DE NEGOCIACIÓN JUDICIAL En la ciudad de Viedma, siendo las 09:00 hs. del día 13 de Noviembre de 2017, comparecen ante la Secretaria de Estado de Trabajo de Río Negro por ante el Subsecretario de Estado de Trabajo Ismael Betancur y la Subdirectora de Asuntos legales Dra. Iris Marcela Colas, a una audiencia previamente citada, por la Parte Gremial se encuentran presentes el Sr. Pablo BARRENO en carácter de Secretario General de SITRAJUR, Emiliano SANHUEZA, Secretario Adjunto, Julio ROSALES como Vocal y ADRIANA SABER como Secretaria de Prensa y Difusión…
LEER ACTA COMPLETA 
Contra adhesión Ley riesgos de trabajo
7 nov
Legislatura de Río Negro
Sr. Presidente:
Pablo Victor Barreno, y Jorge Molina, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro, (SI.TRA.JUR.), y Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la Provincia de Río Negro, respectivamente, ante esa Legislatura de la provincial, respetuosamente nos presentamos y decimos:
Que en el carácter invocado, venimos por el presente a solicitar a ese Cuerpo se abstenga de aprobar cualquier ley que, con modificaciones o sin ellas, adhiera a las disposiciones de la ley nacional 27348, modificatoria de la ley de riesgos del trabajo, de acuerdo a las siguientes razones.-
La citada ley nacional establece la obligatoriedad para los trabajadores cuya relación de empleo se encuentre registrada, de pasar, de modo excluyente por una instancia administrativa que crea.
Concretamente su artículo 1° dispone que “la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo”.
Luego de establecer esta instancia obligatoria y excluyente, recién se habilita la instancia judicial, mediante el formato de un “recurso” contra la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional, a la Justicia Ordinaria o a la Comisión Médica Central, a opción del trabajador.
Habida cuenta de ello, el acceso a la jurisdicción por parte del trabajador accidentado resulta limitada por el procedimiento previo aludido.
Conforme lo dispuesto por el artículo 196 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, “le corresponde al Poder Judicial el ejercicio exclusivo de la función judicial”, razón por la cual por imperativo constitucional dicha función resulta indelegable a los otros poderes del Estado.
En el mismo sentido el art. 116 de la Constitución Nacional determina como facultad exclusiva y excluyente del Poder Judicial la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, de modo que cuando tal potestad se le confiere a un órgano del Poder Ejecutivo, se viola el principio republicano de división de poderes y se afecta el derecho de acudir al Juez natural en un debido proceso judicial
En tal sentido, el análisis que la ley 27348 delega en las Comisiones Médicas relativo a la determinación de la causa de las contingencias padecidas por los trabajadores, habilitando o no su reparación sistémica, constituye una función netamente jurisdiccional, que le está vedada a los órganos administrativos, sin dejar de señalar que, además, los mismos ni siquiera están integrados con profesionales del derecho, y que esa determinación del nexo causal del evento dañoso constituye uno de los temas de mayor complejidad de la ciencia jurídica.
La jurisdicción, la aptitud para decir el derecho, es un atributo exclusivo de los jueces, por lo tanto el art. 1 de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos de Trabajo viola el art. 18 de la Constitución Nacional, toda vez que vulnera la garantía del debido proceso, el del derecho a ser juzgado por el Juez natural, y el del juez especializado.
En consecuencia, se tiene que la norma citada además de violentar expresas garantías constitucionales, lo hace respecto de la vigencia del derecho a la salud de sujetos cuya preferente tutela ha sido objeto de numerosos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, razón por la que la situación de vulneración de derechos de la norma citada resulta más grave aún, ya que se expresa en el sentido exactamente opuesto al imperativo mandato constitucional de que el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes (art.14bis CN).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en varios precedentes que la instancia judicial del fuero del trabajo resulta habilitada en forma directa por la propia Constitución Nacional y los tratados internacionales de DDHH que la integran, sosteniendo que dicho acceso no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa que no cumple con la garantía del Juez natural que tiene por fin asegurar la máxima imparcialidad en el juzgamiento de las personas (art. 18 de la Constitución Nacional) que se refuerza con la expresa prohibición establecida en el art. 109 de la Ley Fundamental. Así lo ha sostenido entre otros pronunciamientos del Máximo Tribunal in re “Castillo Ángel Santos c/Cerámica Alberdi S.A.”(sentencia del 7/9/2004), “Venialgo, Inocencio c/Mapfre Aconcagua A.R.T. y otros” (sentencia del 13/3/2007), “Marchetti, Néstor Gabriel c/La Caja ART S.A. s/ Ley 24557″ (sentencia del 4/10/2007) y “Obregón, Francisco Víctor c/Liberty ART S.A.” (sentencia del 17/4/2012).
En consecuencia el diseño instaurado a partir de las modificaciones impuestas a la Ley de Riesgos del Trabajo, consistente en un procedimiento administrativo con facultades jurisdiccionales, de carácter previo, obligatorio y excluyente, no brinda las garantías del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional), tanto más que no le permite al trabajador enfermo o accidentado replantear los hechos ni ofrecer pruebas, sino únicamente discutir lo actuado en aquella sede, excluyendo la demanda directa.
Lo dicho no resulta alterado por el hecho de la existencia de asistencia letrada a los trabajadores o la inclusión de secretarios letrados en las Comisiones Médicas, ya que dicha asistencia técnica en nada modifica las facultades y la naturaleza de las citadas Comisiones, máxime si además, sus pronunciamientos no son vinculantes para la decisión que se en definitiva será tomada por profesionales médicos.
A lo expuesto debe agregarse que, también como la Corte lo ha expuesto en autos “Alvarez, Maximiliano y otro c/Cencosud S.A. s/Acción de Amparo” (A.1023.XLIII) que el debido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos que reconocen, propia de todos los textos internacionales y especialmente del PIDESC (art. 2.1), sumado al principio pro homine, connatural con estos documentos, determina que el intérprete del derecho debe escoger, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana.
La Corte Interamericana por su parte tiene dicho que “… constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura, que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios” (Caso “Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo. Reparaciones y Costas”, Sentencia del 25 de noviembre de 2004, Serie C Nro. 119, párr. 143).
Como puede observarse, la norma cuya adhesión se pretende por el Poder Ejecutivo de Río Negro, resulta francamente contraria tanto a la letra de la Constitución Nacional como de la Provincial, y además colisiona fuertemente con la interpretación que se ha realizado de los tratados internacionales de DDHH incorporados al texto constitucional a través de la cláusula del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en tanto lesiona el acceso irrestricto a la justicia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso legal, derechos éstos tutelados por el art. 18 de la Constitución Nacional, además de los arts. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2.1 del PIDESC, 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por todo lo expuesto, exigimos a esa Legislatura de Río Negro, que se abstenga de aprobar normas que, como la ley 27348, promueven la pérdida de derechos, la regresividad de los mismos, y la violación de las normas Constitucionales y Convencionales que se han citado.